Por: DUBER CÀRDENAS CHOQUE *
Indudablemente el conflicto armado interno vivido en el PERÚ, entre los años de 1980 y 2000, ha sido el de mayor duración, y el que ocasionó la mayor cantidad de muertes, las cifras reveladas por la comisión de la verdad, aun quedan por debajo de la verdadera cantidad de desaparecidos durante la época de la violencia política. El número de muertes supera ampliamente las cifras de pérdidas humanas sufridas aún en la lucha por la independencia y la guerra con Chile. La cifra según esta comisión llega a 69.280 personas desaparecidas.
Desde el inicio de la violencia armada (mayo de 1980, en la distrito de Chuschi, provincia de Cangallo - Ayacucho). Tras quemar las ánforas de votación, el gobierno de turno del entonces Presidente (Fernando Belaunde Terry), no hizo nada, es decir, no le prestó la atención necesaria, de esta forma el grupo subversivo inició su camino de camino de destrucción y muerte hacia la sociedad peruana.
Posterior a ello, los gobernantes aceptaron la militarización del conflicto, abandonando los fueros y prerrogativas para dejar la conducción de la lucha contrasubversiva en manos de las FFAA, sin tomar previsiones para impedir atropellos a los derechos fundamentales de la población. Con una doctrina de guerra importada de los EE.UU, tras su fracaso en Vietnam, donde toda persona que no era blanca o en todo caso no hablaba el castellano era de seguro un (terruco), como se solía llamar por ese entonces a los grupos alzados en armas, de esta forma se atentó contra la vida de miles de ciudadanos de distintos lugares del país, solo por el hecho de no saber hablar el castellano, aun los niños eran sospechosos de ser terroristas, muchas veces se decía si tu madre o tu padre es terrorista, entonces mátalos o de lo contrario te mataran a ti.
Pero qué pecado pudieron haber cometido todas esas personas, acaso ellos eligieron donde nacer para sufrir de esa manera, acaso son culpables de los desaciertos de todos los gobernantes que sólo causaron el retraso del país y por ello surgió la corriente terrorista con fuerza, si recodamos la historia, aun en tiempos de la lucha por la tierra en los años 60, en la época de la reforma agraria a favor de los campesinos, el hombre de los andes siempre fue golpeado por todo el aparato del gobierno que se unía a los terratenientes y atentaban contra el campesinado, sería que en aquellos tiempos no existían los derechos humanos, que irónico que es la vida, se mata a las personas que nos dan los alimentos para poder vivir.
Es por ello que nunca hubo una verdadera independencia, pues no se puede concebir que el campesino siga siendo esclavo del hacendado en tiempos de supuesta independencia, dicha libertad llego sí, es cierto pero sólo para la gente criolla, pero jamás para el serrano, el indio, el indígena como suele llamarse a nuestros hermanos del ande, sin haber comprendido que dichos términos son de desprecio indígena = indigente ¿Qué nombre no? De esta forma vemos como los diferentes gobiernos atentaron contra el hombre del ande, y en tiempos de la violencia aun mas, ¿acaso con la sola intención de acabar con esos serranos salvajes, fastidiosos y muertos de hambre?.
Frente a la guerra desatada por el PCP y MRTA, el Estado tuvo el derecho de defenderse y la obligación de hacerlo garantizando los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Buscando una respuesta rápida al avance de la subversión armada, que en pocos años se expandió por todo el país, los gobernantes aceptaron la militarización del conflicto, abandonado sus principales fueros y prerrogativas para la conducción del la lucha contrasubversiva en manos de las FFAA, sin tomar las previsiones para impedir atropellos contra la vida y la dignidad de la población.
La frustración generada por todos los gobernantes de turno, generada por procesos de modernización truncos, creó el espacio para que ante la ausencia de propuestas desde el interior del sistema político, las organizaciones subversivas intentaran utilizar y canalizar los conflictos y demandas de acción de ciertas regiones particularmente deprimidas. La violencia armada no afectó uniformemente a todos los ámbitos geográficos, ni los diferentes estratos sociales del país, estuvo concentrada en las márgenes de la sociedad, es decir en aquellas zonas y grupos menos integrados a los centros de poder económico y político de la sociedad peruana. Además pese al carácter masivo de las víctimas fatales que provocaron, los principales actores del conflicto armado interno seleccionaron a sus víctimas al interior de estratos específicos de las sociedades regionales o locales que fueron escenario de la violencia.
Así, sólo Ayacucho registra el 40% de víctimas de la violencia política, por entonces a toda persona nacida en Ayacucho era tildada de (ayacuchano = terruco), Tales magnitudes pueden parecer inverosímiles para un considerable sector de la población peruana, pero no lo sería si todos fuéramos ayacuchanos o por lo menos si se hiciera el esfuerzo por comprender el significado del perfil socio demográfico de la gran mayoría de las víctimas. Está claro que el Perú rural, andino, quechua y asháninca, campesino, pobre y con escasa instrucción formal se desangro durante años sin que el resto del país sintiera o asumiera como propia la verdadera dimensión de la tragedia de ese “pueblo ajeno dentro del Perú”.
Esos son los peruanos que le faltan al Perú, los más olvidados e invisibles: los Quispe, Huamán, Mamani, Taype, Yupanqui, Condori, Tintimari, Metzoquiari. A pesar de ser y sentirse demasiadas veces ajenos y excluidos por el resto de peruanos, ellos también reclaman ser considerados con respeto y justicia.
Los niños, las mujeres y los ancianos aparecen entre las víctimas fatales con mayor frecuencia en situaciones de violencia indiscriminada, como son las masacres. Conforme aumenta el tamaño del grupo de asesinados en un mismo operativo militar o incursión subversiva, también aumenta ligeramente la proporción de mujeres y niños menores de 15 años. Dentro de las víctimas de asesinatos masivos, generalmente los niños resultan ser los menos identificados por los sobrevivientes que dieron su testimonio, puesto que son menos conocidos en sus comunidades en comparación con los adultos.
Lo que en un principio fueron acciones aisladas, locales y no coordinadas, se fue extendiendo y organizando en los escenarios rurales del conflicto armado interno hasta, finalmente derrotar al terrorismo en el campo. Los comités de autodefensa jugaron un papel fundamental en la lucha contrasubversiva, ellos en todo momento estaban sobre la delgada línea que separaba a héroes de villanos.
El PCP- SL, fue el principal perpetrador de asesinatos de dirigentes femeninas. Sin embargo cuando se trata de dirigentes de organizaciones de familiares de desaparecidos y de estudiantes universitarios, se indican como presuntos responsables a los agentes de las FF.AA. Así mismo se han recibido reportes de otras masacres perpetrados por agentes del Estado en los departamentos de Ayacucho, Huánuco, Huancavelica, Junín, Cuzco, Ucayali, San Martin y Lima. Los cuales se perpetraron en todos los periodos gubernamentales. La desaparición forzada fue ampliamente empleada como mecanismo contrainsurgente y su aplicación se extendió a un conjunto de victimas mayor que el de los integrantes de las organizaciones subversivas. Es un delito pluriofensivo que afecto el núcleo duro de los derechos humanos, todo esto constituye un delito de lesa humanidad, también fue una modalidad de ejecución arbitraria encubierta.
Cerca de medio millón de peruanos abandonaron sus localidades de origen huyendo de los estragos de la violencia generada por el conflicto interno, al encontrarse entre dos fuegos “enemigos”, las FFAA y PCP, ninguno entendió jamás la forma de vida del hombre del campo, la gran mayoría de desplazados fueron personas que no participaron en las hostilidades. Las zonas corresponden a los departamentos en los que se presento la mayor incidencia de acciones del conflicto.
Durante los estados de emergencia las FFAA y la policía, se arrogaron el derecho de detener a cualquier persona solo por el hecho de ser sospechoso, para luego ser investigado, aun cuando no existían indicios razonables. La impunidad alcanzo su máxima expresión con las leyes de amnistía, que cerraron toda posibilidad de investigación y sanción a los presuntos responsables de graves violaciones de derechos humanos perpetrados desde mayo de 1980 hasta junio de 1995.
La discriminación étnica y racial fue un elemento presente en el conjunto del proceso de la violencia. En los diferentes momentos y ámbitos de su desarrollo, fue un factor que influyo significativamente sobre los comportamientos y percepciones de los diversos actores, aunque casi siempre de manera encubierta.
Para que todas estas atrocidades no se repitan es necesario curar heridas, indemnizando a los deudos, especialmente a aquellos campesinos que fueron víctimas de muchos abusos. Por ello es importante que el Estado asuma su responsabilidad, en cuanto artífice de la violencia, pues con su centralismo y abandono de las de las ciudades facilitó el desarrollo y avance de las huestes terroristas, todo en ello en perjuicio de humildes hombres del campo y de la selva.
Así también, se deben trazar políticas a largo plazo, con el único objetivo de llevar adelante un proceso que unifique a toda la sociedad en su conjunto y salir del sub desarrollo, el cual nos mantiene en calidad de mendigos. De la misma forma, se deben de formar a los jóvenes con una visión de futuro, pero con respeto hacia los derechos fundamentales y dejar de lado la marginación de las personas, solo por el hecho de ser provinciano, para consolidarnos como una sociedad más humana y con valores.
Un poema declamado en Ayacucho dice así: “Cuando la vida, se hace más fría que la muerte misma. Taita inti, arde indignado, las grandes nieves se descongelan. Y los grandes lagos empiezan a formarse. El gran aluvión está por llegar, para sepultar mundos que primen. Y sobre la tierra nueva florecerá la ESPERANZA”.
NOTAS AL FINAL
(*) Alumno del III ciclo de estudios de la Escuela de Derecho de la Universidad César Vallejo – Sede Lima Este.
